Defiende tus Derechos

La Constitución de los Estados Unidos dispone que en toda causa penal, el acusado debe disfrutar del derecho a asistencia legal.  Hace más de cincuenta años, en la causa decisiva de Gideon v. Wainright, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó que el estado debe proporcionar un abogado gratuito a cualquier acusado penal que no pueda contratar uno.

Igualmente, la Corte Suprema ha confirmado en Santosky v. Kramer que los progenitores cuentan con derecho a un abogado en cualquier causa en el Juzgado de lo Familiar que pudiera afectar la custodia de sus hijos.

Estas protecciones que otorga la Constitución tienen por objetivo asegurar que en nuestros juzgados haya justicia para todos, no sólo para los ricos.

Desafortunadamente en el condado de Onondaga, a las personas de bajos ingresos se les niega su derecho a un acceso igualitario a la justicia, al no haber fondos suficientes para cubrir los servicios legales.

En el estado de Nueva York, la obligación de proporcionar abogados en los juzgados de lo penal para personas de bajos ingresos ha sido delegado a los condados.  En el condado de Onondaga estos servicios legales han sido proporcionados por el Programa de  Abogado de Oficio (Assigned Counsel Program, por su nombre en inglés), el cual recibe fondos económicos del condado.

Sin embargo, el Programa de Abogado de Oficio del Condado de Onondaga (ACP, por sus siglas en inglés), frecuentemente demora y niega los pagos a los abogados que representan a la gente pobre en los juzgados de lo penal y de lo familiar. No hay justicia igualitaria para los pobres de nuestro condado.

ACP también ha dejado de pagar los servicios que los abogados requieren para representar adecuadamente a sus clientes, como serían los servicios de intérpretes judiciales certificados, investigadores privados, y otros peritos que se requieren en la defensa.

La situación es tan crítica que el condado de Onondaga es uno de los cinco condados en el estado que fue demandado por el New York Civil Liberties Union (Sindicato de Libertades Civiles de Nueva York) en la causa de Hurrel-Haring v. New York. El estado de Nueva York y el condado de Onondaga estuvieron de acuerdo en reformar su sistema de abogado de oficio.  El acuerdo requiere que haya fondos suficientes para pagar a los abogados, a los investigadores y al personal de apoyo de modo tal que los acusados que carecen de recursos económicos cuenten con abogados que tengan el tiempo y la estructura para representar a sus clientes de forma vigorosa.

Sin embargo, las promesas que se hicieron no se han cumplido. El condado de Onondaga continúa sin ofrecer recursos suficientes y ACP sigue retrasando y negando los pagos de servicios adecuados y necesarios y la garantía de un acceso a justicia igualitaria continúa siendo una ilusión.

Todas las personas en nuestra comunidad a quienes les importa que haya justicia, sean ricas o pobres, necesitan elevar sus voces sobre este asunto.

Por favor, pónganse en contacto con sus representantes electos tanto a nivel estatal como municipal o del condado para apremiarles a que cumplan su palabra, para que reformen nuestro sistema de abogado defensor de oficio que está por los suelos y para que proporcionen JUSTICIA PARA TODOS.

Este articulo fue traído y traducido al Español por Suzie Carman